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En diálogo con La Mecha por Radio Provincia Diego Morales, director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales habló sobre un nuevo fallo que suspende los cambios laborales del DNU de Milei. Fue a partir de una presentación de la CTA.
Al referirse a este punto Morales indicó que el DNU es inconstitucional. Pero sin una decisión definitiva del Congreso y del Poder Judicial, el resto continúa vigente y detalló que “hay más de 20 acciones judiciales presentadas en distintos fueros y juzgados en el país. Algunos ya tuvieron respuesta sobre todo en la justicia laboral que son los que presentaron la CGT y la CTA que representan a todos los trabajadores”.
En ese mismo aspecto aseveró que hay dos problemas principales con el DNU, más allá de los vinculados a los trabajadores, “la primera tiene que ver con la cantidad de temas en un único DNU lo que dificulta su estudio, esto es al que el Ejecutivo utilizó de forma deliberada. Segundo, la entrada en vigencia que coincide con la feria del sistema judicial. Donde hubo un doble esfuerzo de tratar de lograr que la justicia entendiera que era necesario activar los mecanismos existentes para que trabajen incluso en el mes de enero. Son dos dificultades adicionales que tiene este DNU”.
Al ser consultado sobre si un presidente puede cambiar una ley, Morales fue contundente y aseveró que “no lo puede hacer”, además remarcó que el poder Ejecutivo “sólo podría hacerlo situaciones excepcionales y en cuestiones de extrema urgencia donde no puede esperar los trámites de los procesos legislativos, no podría regular temas electorales, penales o tributarios”. Sin embargo remarcó que “lo que sí puede hacer en caso de urgencia es la regulación momentánea de algún aspecto. Lo que hizo el Poder Ejecutivo acá de reformar leyes en términos permanentes, sistemáticos y en vocación de regular nuestras conductas en distintos ámbitos es algo que está prohibido por la Constitución y por la Corte Suprema”.
Por último, se refirió al protocolo de Patricia Bullrich y la “protesta organizada”, el abogado aseguró que “es sumamente restrictivo y está judicializado porque es sumamente grave en términos de organización y vida en sociedad (...) va a ser un problema muy serio esperamos que el Congreso pueda tomar nota y desarmar esta cuestión”