El DNU 70/2023 del presidente Javier Milei dispuso recortes a la industria cultural. Una de las normas que modifica es la Ley de Cine sancionada por unanimidad en 1994, tuvo como autor, entre otros, al abogado Julio Raffo, quién fue asesor parlamentario del cineasta Fernando “Pino” Solanas.
En diálogo con Verano y Humo, Raffo comentó que paradójicamente en pleno menemismo, el cine nacional atravesó un proceso de crecimiento gracias a una ley construida por trabajadores, sindicatos, sectores empresariales, y con el consenso de todas las fuerzas políticas.
“En el 94 los recursos centrales del cine eran los impuestos que pagaba el espectador en las salas. Se comercializaba mucho cine pero no en la sala, sino en la tv, cable, video clubs, la comercialización de la obra audiovisual”, contó. “El menemismo que venía privatizando todo, entendió que la cultura es una dimensión de la nacionalidad e identidad de los pueblos, y las producciones audiovisuales expresan eso”, y mencionó como ejemplo películas como Esperando la carroza, La guerra gaucha, Plata dulce, La historia oficial.
“Los países que tienen cine apoyan económicamente a la industria porque su mercado no les permite competir con las potencias”, sostuvo, al tiempo que lamentó “cuando aparece la Ley de Bases, el capítulo cultura demuestra ignorancia y prejuicio” ya que “elimina la cuota de pantalla”, que rige en todos los países.
La vigencia de los recortes en el INCA generó que se paralicen los pagos por mano de obra que el instituto retribuye a los productores que financian el trabajo de los actores y actrices. El organismo dispone de un sistema de verificación y controles previamente al desembolso.
“Hay varios artículos disparatados, uno de ellos dice que no se financiará la mano de obra. No hay ninguna industria que subsista sin la mano de obra, subrayó.
Luego consideró “si un organismo del estado gasta bien o gasta mal, no está mal revisar su eficacia. Pero no a la piñata, agarrar a garrotazos y a ciegas”.