Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales analizó el paquete de 4 leyes que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich envió a Diputados y aseguró que “no hay sorpresa” y son absolutamente entendibles, por venir de ella.
En contacto con Napalm, por Radio Provincia aseguró que “son proyectos que buscan endurecer la respuesta estatal en términos punitivos” y destacó que en ese marco “tienen algunos temas que son muy preocupantes” porque “tiene algunos puntos que son inconstitucionales y una mirada de la política criminal muy dura y orientada a la persecución penal de los mismos de siempre”.
En esa línea, ejemplificó con el proyecto "AntiMafia" que se presenta por la “tremenda” situación de “violencia letal” que se vive en Rosario. Y desgranó que si bien “pretende orientar la persecución penal hacia la investigación de las empresas criminales y la ruta del dinero; lo que hace es crear nuevas figuras de asociación ilícita, reformar el Código Penal, que ya es polémica, y además armar una zona de excepción donde las fuerzas de seguridad podrán hacer allanamientos encadenados y aliviana la necesidad de orden judicial para esos procedimientos”.
Litvachky destacó que paralelamente, desde la Ley Bases lo que se hace es “plantear un blanqueo y debilitar controles de capitales mal habidos. Y por lo tanto lo que vemos es que hay una orientación de la política criminal -muy propia de este Gobierno- que es salir con toda la fuerza de seguridad y la policía a investigar a los sectores más pobres”. Y “reproducir la lógica punitiva”, modificando el régimen de “la reiterancia” para que cualquier contacto con el sistema agrave las penas.
Por ello, señaló que el Cels viene advirtiendo que todas estas medidas son “contradictorias con las garantías constitucionales, muy duro en términos punitivos, orientado a los sectores más pobres y en concordancia con un sistema que tiene una orientación económica que va dejando cada vez más gente afuera”.
Por último, Litvachky se refirió a la reivindicación que, desde el Gobierno nacional, se hace hacia la figura del expresidente Carlos Menem y su gobierno y destacó: “lo que a nos generó mucha preocupación y asombro negativo es la reivindicación de esa figura sin reflexión sobre su responsabilidad política en los atentados, su responsabilidad jurídica en el encubrimiento y en relación a los indultos”.
“Ese es el punto político de actualidad hoy y las conexiones que se pueden hacer con posiciones negacionistas o de reivindicación del terrorismo de Estado asociadas a la discusión actual de la violencia estatal a partir de diferencias políticas y disidencias en el marco de una crisis económica y la creciente conflictividad social. Porque los indultos fueron discutidos judicialmente y declarados inconstitucionales pero a este Gobierno no le importa qué define la justicia sino que llevan el tema a otro plano: La discusión sobre la pacificación y la impunidad”, cerró .