José Glinski, diputado nacional de Unión por la Patria de la provincia de Chubut denunció que “hace algunas semanas” recibieron “una series de proyectos de Ley de parte del Poder Ejecutivo. Y uno de ellos busca darle continuidad a una política de Estado: el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego No Registradas” implementado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), “que debe ser revalidado por el Congreso”. Seguido alertó que este nuevo proyecto incluye “un blanqueo de armas de fuego” de tenencia irregular y calificó de “poco transparente” el tratamiento en comisión que tuvo la iniciativa.
En contacto con “Es un Montón”, por “Radio Provincia” el legislador detalló que si bien el Programa, al que se pretende “dar continuidad”, busca que los propietarios de “un arma no registrada la entregue al ANMaC, a cambio de una retribución económica, para ser destruida” también agrega “un proceso de blanqueo” que le permite a esas mismas personas convertirse en tenedoras legítimas de las mismas.
Ya que según explicó, la propuesta “permite que las personas que tengan armas y tengan la voluntad de registrarlas, pese a que fueron adquiridas de modo irregular, el Estado las condona y no son acusadas por un delito tipificado por el art 189 bis del Código Penal (que prohíbe la tenencia ilegal de armas de fuego)” con solo manifestar la voluntad de participar del blanqueo.
Glinski aseguró: “esto despierta muchas sospechas. (…) Y nos parece contradictorio que si tenés una política de desarme, des lugar a un blanqueo. Es decir, o estás a favor del desarme o estás a favor de aquello que se ha obtenido de manera irregular" porque no se sabe de dónde vienen esas armas de fuego.
Y enfatizó que “nuestra objeción fundamental, al proyecto original del Ejecutivo, era que si vos decís que tenes un arma, por el solo hecho de manifestar la voluntad de regularizarla, ya te convertías en depositario legal de ese armamento hasta tanto se culmine el trámite” sin que el Estado pueda evaluar “tus condiciones psíquicas, situación ambiental o antecedentes penales”.
“A nosotros nos parece que si una persona quiere blanquear el arma la tiene que depositar en los lugares seguros que tiene el Estado a través del ANMaC e iniciar un proceso de regularización. Pero, mientras dure eso, el arma debe estar bajo resguardo del Estado y no con personas que no sabemos si están en condiciones o no de tenerlas”, aclaró.
En este marco, denunció que “lo que más le molestó es que el Gobierno sacó el dictamen en la comisión de Seguridad Interior y Legislación Penal el día de la represión en la plaza de los Dos Congresos, por lo cual nuestros compañeros no pudieron participar del encuentro. Y mete el giro en la comisión de Presupuesto cuando discutimos Ley Bases. Es decir que hay una intención evidente, de parte del Ejecutivo y de Patricia Bullrich, de sacar normas sin que nos demos cuenta”.
“Utilizaron el humo de la agenda que estaba puesta en Ley Bases para poder firmar el despacho en comisión y darle tratamiento a ese proyecto de ley. No es transparente el juego. Nosotros tenemos voluntad de discutir temas de seguridad, no nos dan miedo. Estamos dispuestos a dar el debate pero el Gobierno no tiene la misma buena fe para tratar estos tema”, disparó.
Finalmente, respecto de la sanción de la Ley Bases en Diputados, el legislador aseguró: “el Gobierno Nacional tenía una pretensión muchos más grande de lo que finalmente obtuvo y el desgaste que tuvo en estos 6 meses de discusión va a tener consecuencias también para su propia legitimidad”.