El gobierno nacional decidió cerrar las unidades de turismo social de Chapadmalal, en las costas de la provincia de Buenos Aires y Embalse en Córdoba. Al referirse a esta situación la subsecretaria de Turismo de la provincia, Soledad Martínez, dijo que esta decisión “nos pone tristes y en alerta, pero sobre todo en pié de defensa del turismo social”.
Destacó que las unidades de turismo en la Provincia “son muy importantes”, no sólo por lo que representan en Chapadmalal para la Provincia sino porque garantizan el acceso al turismo y al descanso porque si no fuera por las unidades turísticas muchas familias no lo hubieran tenido.
En otro aspecto, destacó que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, disminuyó su actividad y en la actualidad se encuentra cerrado al público. “Hay algunos trabajadores que trabajan con la capacidad al mínimo” y el predio está esperando su destino. En este aspecto, remarcó que todo el predio permanece cerrado pero “la casta conserva para sí misma la Villa Presidencial” que es el único espacio que continuará funcionando.
Por otra parte, Martínez, reconoció que el gabinete municipal de Mar del Plata, a cargo de Guillermo Montenegro “están a favor que no haya más turismo social” también quieren cerrarlo porque quieren instalar en Chapadmalal “un turismo ABC1 para un público más caro y erradicarlo de turismo social”.
El gobierno nacional modificó la Ley Nacional de Turismo y quitó la obligación de promover el turismo social y “esto es una contra que va en camino a quitar la obligación del estado de promover el turismo social”.
En otro aspecto, la funcionaria subrayó que el turismo social y esos edificios significan “igualdad, acceso democrático y justicia social”.
Por otra parte, explicó que hay restricciones legales y normativas que impiden que el gobierno nacional pueda promover una inversión inmobiliaria “porque las tierras fueron específicamente donadas y expropiadas exclusivamente para turismo social”.
En otro sentido, se refirió a la situación en la que se encuentran los trabajadores del predio a los que “acompañamos permanentemente a los trabajadores en sus reclamos porque dentro del predio hay personas que allí viven, ya que hay una escuela y familias enteras que dependen del predio y el complejo”.
Por último, dijo que es “difícil” oponerse a la decisión del cierre pero “no pueden vender, demoler ni disponer pero estamos analizando”, para ver qué posibilidades que hay para actuar desde el gobierno provincial.