Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo Argentina repasó un estudio del Centro de Integración Socio-Urbana (CISUR) y reparó que “los datos muestran que una familia que nace y crece en un barrio popular tiende a vivir 11 años menos” que otros ciudadanos argentinos.
En contacto por Radio Provincia aseguró que si desde el Estado no se acompaña con obras “estamos condenando como sociedad a vivir 10 años menos a los 5 millones de personas que viven en barrios populares”.
Seguido, Maquieyra lamentó que la política de integración socio urbana, desde que asumió Javier Milei a la presidencia “esté desfinanciada” porque “no hay obras de cloaca, agua o luz para estos barrios” y como consecuencia directa el 90% de estos habitantes no tienen servicio seguro de luz, en el 60% carecen de suministro de agua potable y tampoco tienen “acceso a cloacas o algún otro sistema de saneamiento saludable”.
En ese marco, volvió a poner el acento en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y rechazó el articulado que “suspende la prohibición de desalojar a quienes se encuentran en barrios populares”, sin tener regularizada su situación dominial.
“No podemos dejar a las personas que habitan los barrios populares en una situación de mayor vulnerabilidad” dado que “son familias que hoy viven en casas que se caen a pedazos, no tienen servicio de luz, agua o cloacas y la única seguridad que tienen es que no pueden ser desalojados”, recapituló.