En diálogo con Radio Provincia AM1270 cuestionó la derogación de algunos artículos claves de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese sentido, precisó que el Ejecutivo plantea en el artículo 39 desregular el nomenclador. “Eso es retroceder y no es garantizar una mejor calidad” de atención, explicó.
“Hoy la función que tiene (el nomenclador) es que haya una universalidad en el valor de las prestaciones” sostuvo, y dijo que con la desregulación “la obra social te puede poner un monto según lo que ellos consideren que vale la prestación: pero la obra social nunca va a tirar para arriba, porque justamente lo que no quiere es pagar”. En ese marco, las familias deberían pagar una diferencia para garantizar prestaciones de apoyo, como psicopedagogos, psicólogos y fonoaudiólogos, según detalló.
Kriskovich recordó que en una reunión durante 2024, le planteó al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo que “la desregulación es inviable” dada la imposibilidad de muchas familias en afrontar los costos de las terapias cubiertas por la obra social. En ese marco, “va a haber cantidad pero no calidad, porque las obras sociales van a querer agarrar un montón de pacientes para cubrir los costos de lo que lleva mantener un centro” y ello hace que “salga perdiendo la persona con discapacidad y las familias, porque solo van a poder acceder a las prestaciones aquellos que puedan pagar”.
Finalmente, consideró que desde el sector de prestadores, “necesitamos que haya un refuerzo al Fondo Solidario, porque como tenés más desempleo y más trabajadores que no están registrados que trabajan de manera informal y precarizados, hay una demora en recaudar y ello demora el pago de las prestaciones de las personas que brindamos servicios a las obras sociales”.