El plan de trabajo es que se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud, presididas respectivamente por los oficialistas, Norma Durango y Oscar Parrilli y el senador de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. La intención, a partir de allí, es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.
En principio, hoy fueron citadas las comisiones para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
El proyecto obtuvo media sanción este viernes en la Cámara baja por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
Desde el Frente de Todos hay un moderado optimismo porque el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta, aunque los voceros no quieren generar falsas expectativas ni dar los nombres de algunos legisladores que podrían rever su voto de 2018.
Entre los indecisos figuran oficialistas, pero también opositores, así como algunos senadores que ingresaron el año pasado a la Cámara alta pero se cuidan de declarar cómo votarán. Entre quienes en las últimas semanas reconocieron que votarán favorablemente figura el peronista santafesino Roberto Mirabella.
Desde el oficialismo, además, mencionan que pesará en la decisión de los legisladores del Frente de Todos que el proyecto sobre IVE haya sido impulsado por el gobierno de Alberto Fernández.
Además, consideran que serán clave tanto las ausencias como las abstenciones; sobre todo, si se tiene en cuenta que -a diferencia de la Cámara de Diputados- el Senado mantiene el protocolo de aislamiento preventivo y no se celebran sesiones presenciales desde marzo.
De hecho, aunque nadie quiere adelantar números, los cálculos estarían dando una tenue ventaja a favor de la legalización del aborto, principalmente, porque uno de los senadores que en 2018 votó en contra, el oficialista tucumano José Alperovich, se encuentra de licencia hasta fin de año para resolver su situación judicial, tras una denuncia por abuso sexual.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución, según contempla el proyecto.