En dialogo con Días Distintos, el Diputado Nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky, afirmó que el retraso en la reglamentación de la Ley de Aporte Extraordinario de las Grandes Riquezas se debe a cuestiones operativas desmintiendo que se deba a desavenencias políticas.
En esa línea, completó “la cuestión no obedece a razones políticas. La aprobación de la ley implicó la convergencia de distintos sectores del Frente de Todos, de manera que esa hipótesis hay que descartarla”.
Seguidamente manifestó su acuerdo a la idea de reformar el sistema judicial considerando "necesario terminar con un aparato judicial que se convierta en una herramienta dominante y que posibilita distorsiones como la que conocimos durante la llamada Guerra Judicial, que permitió a la justicia perseguir a la oposición y castigar con hostigamientos a sindicatos como pasó con Canillitas, Camioneros, y Roberto Baradel”.
Luego de abordar diferencias al interior de su espacio político sobre la cuestión de la justicia, planteó como una dificultad el hecho de no contar con mayoría propia dentro del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y que “por más vuelta que le demos, si no construimos en alianza con otros sectores para discutir leyes, sería absurdo impulsar leyes y después no tener los votos para aprobarla”, justificó el Diputado, para luego subrayar que “es una limitación real, la misma que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no tiene capacidad en el senado para que sus proyectos se puedan aprobar. Necesitamos tener la espalda más ancha, para que con mayorías, este factor es determinante”.
Finalmente cuestionó la decisión del Estado Nacional “en subsidiar con 625 millones de pesos al Grupo Clarín. No lo veo como una condición para garantizar la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Se han quitado muchos subsidios importantes en el último tiempo”, y consideró necesario para afrontar la inflación “definir políticas que posibiliten realmente que se desacoplen los precios internacionales a los que accede la familia de los trabajadores en Argentina. No pueden sostener la lógica de precios internacionales cuando los salarios están absolutamente depreciados en pesos”.