Silvina Ramos, titular del área de Salud, Economía y Sociedad del CEDES y asesora externa de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dialogó con FM 97 UNE sobre el proyecto Mirar, cuyo objetivo es monitorear la implementación de la ley de aborto en Argentina.
Por iniciativa del CEDES junto a Ibis Reproductive Health, el proyecto surge previo a la aprobación de la ley 27.610. La misma "fue una conquista enorme que llevó muchos años de trabajo, pero no está completamente aplicado como marco normativo", indicó Ramos.
La socióloga resaltó que "hoy luego de hacer nuestro primer reporte, a fines del año pasado, estamos lanzando una plataforma, donde vamos a poner todo lo que tenemos a disposición".
En ese marco, destacó las responsabilidades de las autoridades sanitarias y los medios de comunicación "en sostener el tema del aborto en agenda y de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen el rol de demandar y exigir aquello que no funcionan".
A nivel provincial puntualizó que “el panorama sigue siendo desigual. Las provincias del NOA y el NEA tienen resistencias importantes. El acceso sigue siendo uno de los rasgos distintivos del monitoreo". Desde lo estructural del problema "en nuestro país hay diferencias en términos de acceso" pero a su vez aseguró que "hay desigualdades removibles a corto plazo" como por ejemplo, "las voluntades políticas de las autoridades sanitarias de las provincias, tanto en los ministerios de Salud, los directores y directoras de Hospitales, los jefes y jefas de servicio, que también tienen responsabilidades políticas". Éstas, "no son estructurales, están vinculadas a quienes tienen responsabilidades en términos de política sanitaria para darle cumplimiento a la ley".
Ramos enfatizó que, el informe del cual se desprende la plataforma, reúne "indicadores, organizados en cuatro o cinco dimensiones, como el entorno, las condiciones de contexto, tales como si ha habido litigios presentados contra la ley en la provincia, la cantidad de servicios que cada provincia presta, indicadores vinculados a las resultados, cuántos abortos se han hecho, y algunos indicadores vinculados a la demanda de los servicios".
Por último, se refirió a las fuentes de información pública, "como pedidos de información específicos que hemos hecho al ministerio de Salud, reportes de la organizaciones de la sociedad civil como a la organización -Socorristas en Red-”. A grandes rasgos, "destacamos que en un año de vigencia de la Ley, Argentina pasó de tener 900 servicios de salud en abortos a 1300, un 50% de aumento de la cantidad de servicios que se están haciendo, tanto en lo que respecta a IVE como ILE".